LEY NACIONAL 24.799
El martes 8 de junio funcionarios/as y personal en general, se capacitaron en cuanto a la Ley Micaela.
El el Intendente, ViceIntendenta, Secretario de Gobierno, y personal en general de la Municipalidad de San Gustavo, participaron de una capacitación virtual obligatoria sobre la Ley Micaela.
La jornada fue organizada por la Subsecretaria de la Mujer y el Área Provincial de Políticas de Identidad de Género y Diversidad Sexual junto al Área Mujer, Género y Diversidad de la Municipalidad de San Gustavo.
La Municipalidad destaca la adhesión a la Ley Micaela, norma que establece la capacitación obligatoria en los temas de género y violencia contra las mujeres y diversidades para todas las personas que trabajan en la función pública.
Al respecto el Intendente, Cesar Simino, sostuvo; "Hay una sola realidad y es que la violencia existe y hay que trabajar en contra de la misma. Desde hace bastante tiempo a la fecha, el rol de los Municipios ha ido variando, y hemos asumido la responsabilidad política de responder a las demandas de la comunidad. Esta capacitación nos brindará las herramientas para poder dar respuestas a un flagelo que ataca a la sociedad. Es nuestra obligación dar solución a mujeres y diversidades que sufren distintos tipos de violencia.
Considero que es fundamental buscar la transversalidad sobre la perspectiva de género y plasmarla en políticas públicas.”
LEY MICAELA
Fue promulgada el 10 de enero de 2019. Establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública, en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación. Se llama así en conmemoración de Micaela García, una joven entrerriana de 21 años, militante del Movimiento Evita, que fue víctima de femicidio en manos de Sebastián Wagner.
Se busca transmitir herramientas y (de)construir sentidos comunes, que cuestionen la desigualdad y la discriminación, y transformen las prácticas concretas de cada cosa que se hace, cada trámite, cada intervención, cada proyecto de ley y, en definitiva, cada una de las políticas públicas. Se trata de una oportunidad para jerarquizar la formación y ponerla al servicio del diseño de políticas públicas con perspectiva de género en clave transversal, es decir, en todo el Estado.
